Este país parece “condenado” a estar siempre sometido a la iglesia católica. Las fuerzas más reaccionarias siempre han actuado en contra del laicismo. Ya, nuestra primera constitución, la de 1.812, una constitución liberal, no se atrevió a proclamar la aconfesionalidad del Estado. Más tarde, el ultracatolicismo protagonizó las primeras guerras civiles de la España contemporánea: las guerras carlistas. La reacción española, los partidarios del absolutismo, quienes se mostraban en contra de la modernización de España y de su evolución hacia un estado liberal moderno eran denominados como “apostólicos”. La Guerra Civil de 1936 también fue bendecida por la jerarquía eclesiástica y proclamada como cruzada.
España, a lo largo de su historia, ha tenido que soportar una iglesia católica inmiscuyéndose en política, una iglesia católica intentando condicionar los gobiernos, una iglesia católica incapaz de reconocerse como organización independiente del poder civil, una iglesia católica volcada a favor de la derecha política y sociológica, una iglesia católica, en definitiva, aferrada a sus privilegios.
Sin acudir a un análisis del papel de la iglesia católica en la Historia contemporánea de España, análisis que requeriría mucho más espacio, sí están muy recientes las últimas actuaciones de la jerarquía contra los derechos civiles de las personas homosexuales, contra los métodos preventivos de enfermedades de transmisión sexual o sus intervenciones sobre la enseñanza de la religión o el uso de los centros educativos para impartir dogma al alumnado. Actuaciones todas encaminadas al mantenimiento de sus privilegios como institución y a la negación de un modelo de estado laico y aconfesional.
Y en respuesta a estas reiteradas agresiones, el gobierno Zapatero, en vez de ser coherente con sus propias propuestas programáticas, se pliega y concluye un acuerdo con la jerarquía eclesiástica que no sólo consolida la financiación del estado a la iglesia, sino que la aumenta considerablemente. Este modelo de financiación no viene sino a corroborar otras concesiones como las relativas a la enseñanza de la religión en la escuela.
No quiero terminar este artículo sin advertir que mis críticas no son a la fe católica ni a quienes la profesan, sino a la Iglesia como jerarquía y como estructura de poder que necesita perpetuarse y que para ello acude a prácticas contrarias a su propia doctrina. Estoy seguro de que hay una gran cantidad de fieles católicos que no están de acuerdo con este modelo de financiación, que no es más que el anterior maquillado; estoy seguro de que ese colectivo, mayor o menor, de creyentes, son nuestros aliados en la construcción de un estado laico, especialmente si lo que buscan no es tanto el poder de la Iglesia, como la extensión de su fe. Y a ellos apelo para que, como hicieron cuando lucharon contra la dictadura o cuando contribuyeron a la transición, colaboren ahora en la solución de una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia, que es una verdadera laicidad del Estado.
José Ramón Martinez Perea Portavoz del Grupo Municipal
de I.U.