Juan G. Bedoya – Madrid
"Cuando tengamos algo que comunicar, lo comunicaremos". Con esta contundencia zanjó ayer el portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, una pregunta sobre el requerimiento del juez Baltasar Garzón para que la Conferencia Episcopal le informe sobre víctimas y desaparecidos en la Guerra Civil y durante la dictadura franquista. El portavoz remitió a lo dicho por él hace tres semanas: que el episcopado "colaborará en el marco de la ley".
Los obispos no disimulan su disgusto por la iniciativa del magistrado y con la Ley de la Memoria Histórica. Quedó patente ayer, en la presentación de dos voluminosos libros sobre los "mártires de la fe" canonizados hasta ahora. Suman ya 977 y están preparando la beatificación de otros 500, de un catálogo que reúne a casi 10.000.
Frente a la glorificación pública de sus víctimas, los prelados sostienen que la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, siembra la cizaña entre los españoles. "La utilización de la memoria histórica, guiada por una mentalidad selectiva, abre viejas heridas de la Guerra Civil y aviva sentimientos encontrados que parecían superados", proclaman en la instrucción pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España, de noviembre de 2006.
El País, 17-10-08