Piden que esta se autofinancie sin acudir a las arcas públicas

Jueces para la Democracia denuncia las presiones de la Iglesia sobre el Estado

S. COLADO

La asociación de magistrados progresistas Jueces para la Democracia ha lanzado un comunicado a raíz de los últimos pronunciamientos de la Conferencia Episcopal para denunciar cómo la jerarquía católica española maniobra para evitar la separación del Estado de las confesiones religiosas. Así, denuncian las presiones de la Iglesia para imponer una “moral integrista” en temas como la educación, el aborto o la eutanasia, y reclaman que de una vez se autofinancien.
El comunicado de Jueces para la Democracia, El laicismo amenazado, denuncia “la ofensiva ideológica que se ha venido produciendo en España por parte de la Iglesia como institución y los medios sociales afines en contra de una idea de contenido constitucional que las sociedades modernas exigen: separación del Estado de las confesiones religiosas, neutralidad pública respecto a las creencias religiosas particulares, fin de las situaciones de privilegio injustificado”.

Presiones nacional-católicas
Recuerdan desde la asociación que “desde sectores cercanos a la Conferencia Episcopal y al principal partido de la oposición se ha venido retomando un discurso de fuerte contenido nacional-católico que pretende potenciar la presencia de la religión católica y su doctrina en los ámbitos públicos de la sociedad española”. Para estos sectores, “no basta controlar y adoctrinar gran parte del sistema educativo español y una buena parte de la sanidad privada, tener una presencia permanente en los actos e instituciones públicas, contar con un sistema de beneficios fiscales y subvenciones del Estado que permiten su solvencia económica” y reclaman más, “demonizando todo concepto de educación, familia, relaciones sexuales, avances científicos o libertades civiles que no sea el propio, el de la moral católica”.

Límites del creyente: los derechos ajenos
Los jueces remiten a la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional de que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y subrayan que nuestro ordenamiento jurídico reconoce la libertad religiosa, así como que “el derecho que asiste al creyente a creer y conducirse personalmente conforme a sus convicciones no está sometido a más límites que los que le impone el respeto a los derechos fundamentales ajenos (…)”.

Medidas contra “moral integrista”
El comunicado concluye denunciando “las presiones que las instituciones católicas están realizando sobre el Estado” y piden medidas concretas para frenar “la imposición en la vida pública de una moral integrista”. Estas medidas serían: que la Iglesia se autofinancie sin acudir a las arcas públicas, una ley de plazos para la interrupción del embarazo, regular la eutanasia tras un debate social, suprimir la religión como materia que las escuelas está n obligadas a impartir, y retirar los símbolos y las ceremonias religiosas de las centros públicos.